El Proceso Penal
Acusatorio Colombiano

La Fiscalía solicita al juez de control de garantías la detención preventiva u otra medida (domiciliaria, caución) cuando haya inferencia razonable de autoría y riesgo de fuga, obstaculización o peligro a la comunidad. Arts. 306-316 CPP.

Dentro de las 36 horas siguientes a una captura (en flagrancia u orden judicial), el juez de control verifica la legalidad formal y material. Puede declarar ilegal la captura y liberar al indiciado.

El imputado puede aceptar cargos o celebrar un preacuerdo con la Fiscalía. Antes del escrito de acusación, la rebaja puede ser hasta de la mitad (art. 351). El juez de conocimiento verifica que sea libre, consciente, voluntario y respetuoso de las garantías. Hay restricciones: delitos contra menores (Ley 1098, art. 199), incremento patrimonial sin reintegro (art. 349) y terrorismo, secuestro extorsivo o extorsión, donde solo procede la mitad de la rebaja (Ley 2477 de 2025).

Cualquiera de las partes puede pedirla ante el juez de control de garantías, presentando elementos que permitan inferir que desaparecieron los requisitos del art. 308 (art. 318). No existe una revisión periódica automática. Las medidas privativas de la libertad no pueden exceder 1 año, prorrogable hasta por igual término en justicia especializada, 3 o más acusados, corrupción o delitos sexuales (art. 307 par. 1). El art. 317 (mod. Ley 2477 de 2025, art. 6) fija además causales de libertad por vencimiento de términos: 60 días desde la imputación sin acusación ni solicitud de preclusión (num. 4, en concordancia con el art. 294), 120 días desde el escrito de acusación sin iniciar juicio (num. 5) y 150 días desde el inicio del juicio sin lectura de fallo (num. 6). Estos plazos se duplican (120, 240 y 300 días) en justicia especializada, con 3 o más imputados o acusados, en corrupción (Ley 1474 de 2011), en delitos del Título IV del Código Penal y en los delitos de los arts. 103A y 104A (par. 1). Deben revisarse también los restablecimientos de términos, las maniobras dilatorias y la fuerza mayor (par. 2 y 3). El art. 317A prevé un régimen especial para miembros de grupos delictivos o armados organizados.

La Fiscalía expone los cargos ante el juez de control de garantías y el imputado. El juez no controla el mérito sustancial (nomen iuris). El imputado puede allanarse en ese acto con rebaja hasta 50% de pena. Arts. 286-292 CPP. Puede realizarse conjuntamente con la legalización de captura.

En la misma sesión o en audiencia separada, si la Fiscalía solicita detención preventiva u otra medida, el juez evalúa los requisitos del Art. 308 CPP: inferencia razonable de autoría + necesidad de la medida.

La Fiscalía formula la acusación ante el juez de conocimiento. Se resuelven impedimentos, recusaciones, observaciones y nulidades, y se cumple el descubrimiento probatorio (art. 344). Desde la acusación, un preacuerdo implica rebaja de una tercera parte (art. 352). Arts. 339-344 CPP.

Si hay aceptación o preacuerdo, el juez verifica que sea libre, consciente, voluntario, informado y con asistencia de defensor. Si lo aprueba, pasa a individualización de pena y sentencia (art. 447).

Si la Fiscalía y la defensa llegaron a un preacuerdo, el juez de conocimiento verifica su legalidad y lo aprueba o rechaza. No puede modificar sus términos: solo aprobar o rechazar íntegramente.

El juez de conocimiento dirige la audiencia en la que: se verifica el descubrimiento; la defensa descubre sus elementos; las partes enuncian pruebas y pueden hacer estipulaciones; el acusado manifiesta si acepta cargos (art. 356 num. 5, rebaja hasta 1/3); las partes solicitan pruebas; el juez decide su admisión, exclusión, rechazo o inadmisión (arts. 356-359). Puede tener varias sesiones.

La defensa puede solicitar la exclusión de pruebas obtenidas con violación de derechos fundamentales. El juez decide si excluye el material probatorio antes del juicio para preservar la imparcialidad.

Instalado el juicio, el juez advierte al acusado su derecho a guardar silencio y le pregunta si se declara inocente o culpable; si se declara culpable, la rebaja es de una sexta parte respecto de los cargos aceptados (art. 367). Si se declara inocente, la Fiscalía presenta su teoría del caso y la defensa puede presentar la suya (art. 371).

La Fiscalía presenta sus testigos primero (interrogatorio directo). La defensa los contrainterroga. La Fiscalía puede redireccionar. La defensa presenta sus testigos (interrogatorio directo) y la Fiscalía los contrainterroga. Art. 393 CPP.

Los peritos deben comparecer al juicio y su informe se incorpora mediante interrogatorio. Los documentos se autentican e incorporan a través de testigos idóneos. Las partes pueden objetar su autenticidad o relevancia.

Una vez practicadas todas las pruebas, la Fiscalía, la defensa y el representante de las víctimas presentan sus conclusiones argumentando por qué debe condenarse o absolverse. El Ministerio Público puede intervenir. Arts. 443-444 CPP.

Al terminar los alegatos y el receso, el juez anuncia si el acusado es declarado culpable o inocente por cada cargo (art. 446). La sentencia se lee en audiencia dentro de los 15 días siguientes a la terminación del juicio (art. 447); en ese término también se emite la sentencia absolutoria.

Con fallo condenatorio o acuerdo aprobado, la Fiscalía y la defensa se refieren a las condiciones del condenado, la pena probable y los subrogados. El juez fija la audiencia de lectura de sentencia (art. 447).

En firme la sentencia condenatoria, y a solicitud expresa de la víctima (o del fiscal o del Ministerio Público a instancia de ella), el juez convoca dentro de los 8 días siguientes. La solicitud caduca 30 días después de la firmeza del fallo (arts. 102 y 106).

La Sala Penal del Tribunal Superior conoce la apelación de sentencias de jueces municipales, de circuito y especializados (arts. 33 y 34). El magistrado ponente registra proyecto en 10 días, la Sala decide en 5 y el fallo se lee en audiencia dentro de 10 días (art. 179). Puede confirmar, modificar o revocar.

El juez de ejecución reconoce 2 días de reclusión por cada 3 días de trabajo (Ley 2466 de 2025, art. 19, declarado exequible en la C-030 de 2026). La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema, en tutela, extendió esa fórmula al estudio y la enseñanza (STP5152-2026, 10 de marzo; reiterada en STP8152-2026, 7 de mayo). Un día equivale a 8 horas de trabajo, 6 de estudio o 4 de enseñanza. No es una orden automática para todos los casos, pero es un precedente que los jueces de ejecución deben seguir en casos equivalentes, salvo que justifiquen apartarse; también permite pedir que se reexaminen negativas anteriores. El Ministerio de Justicia incorporó la fórmula en su guía LegalApp (junio de 2026). No se identificó una reglamentación específica posterior.

La modalidad del art. 38G del Código Penal exige haber cumplido la mitad de la condena, arraigo familiar y social y caución (numerales 3 y 4 del art. 38B), y no procede si el condenado pertenece al grupo familiar de la víctima ni para los delitos excluidos en esa norma. Existen otras modalidades: sustitutiva en la sentencia (art. 38B), por enfermedad muy grave (art. 68) y para madre o padre cabeza de familia. Está prohibida en terrorismo, secuestro extorsivo y extorsión (Ley 1121 de 2006, art. 26, mod. Ley 2477 de 2025).

Requiere haber cumplido las 3/5 partes de la pena, adecuado desempeño en el tratamiento penitenciario, arraigo familiar y social y reparación a la víctima o garantía, previa valoración de la conducta punible (art. 64 CP, mod. Ley 1709 de 2014). Hay exclusiones legales, por ejemplo en delitos contra menores (Ley 1098, art. 199) y en terrorismo, secuestro extorsivo y extorsión.

Al cumplir la totalidad de la pena (descontando rebajas) o cuando se extingue por otro medio (muerte del condenado, prescripción de la pena ejecutoriada), el JEPMS declara extinguida la pena y ordena la libertad.